El Partido Popular ha hecho de la expansión del déficit del Estado el campo de batalla para oponerse al gobierno socialista cuyo Presidente, el Sr. Zapatero, ha indicado que tal déficit podría incluso alcanzar una cifra equivalente a un 4% del PIB del país, sobrepasando el límite autorizado por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea que establece como máximo la cifra de un 3%. El dirigente del PP, el Sr. Rajoy, ha subrayado que esta permisividad del gobierno, aumentando tanto el déficit del Estado, es una medida que dañará la economía española, proponiendo, en su lugar, una disminución de tal déficit, con una reducción del gasto público. Tales recortes junto con otra propuesta del PP, la de reducir los impuestos, disminuirá enormemente el tamaño del gasto público en España, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más próximos al nuestro por el nivel de desarrollo económico.

 La primera observación que la propuesta del Sr. Rajoy genera es subrayar que, por lo general, no coincide con las propuestas hechas por la mayoría de partidos conservadores o liberales que gobiernan en la mayoría de países de la UE-15 y de Norteamérica (EE.UU. y Canadá). La mayoría de éstos están llevando a cabo políticas expansivas de gasto público, incluso a costa de aumentar significativamente el déficit del Estado. En EE.UU., bajo la Administración Bush, tal déficit ha alcanzado ya casi un 6% del PIB. Es cierto que históricamente los partidos de derechas hicieron de la reducción e incluso eliminación del déficit público un elemento clave de sus propuestas de gobierno. Ello fue así hasta la revolución neoliberal en la década de los años ochenta. El Partido Republicano en EE.UU. había criticado tradicionalmente al Partido Demócrata por ser el Partido identificado con grandes déficits. Esta postura, sin embargo, cambió con el Presidente Reagan, y más tarde con el Presidente Bush padre, cuando el gasto público aumentó considerablemente (debido primordialmente al crecimiento del gasto militar), pagándose, en parte, con un aumento del déficit público. Los gastos del gobierno federal fueron muy superiores (el equivalente al 6% del PIB) a los ingresos al Estado. Paradójicamente, fueron los Demócratas los que a partir de entonces hicieron de la reducción del déficit el centro de su campaña, un cambio que no fue muy rentable electoralmente. Aunque retóricamente la población declarara en las encuestas que favorecía la reducción del déficit, ningún candidato consiguió mucho apoyo electoral centrándose en este tema. Incluso dos terceras partes del electorado del candidato  Perot (que hizo de la eliminación del déficit el elemento central en su campaña) indicaron en las encuestas a salida de las urnas que la reducción del déficit no fue la causa de que le votaran. Y, aunque la reducción del déficit estaba incluida en el programa del candidato Clinton en 1992, este tema pasó desapercibido durante su campaña electoral. Lo que movilizó al electorado de Clinton fueron sus propuestas de reformas sociales, incluyendo la universalización de la sanidad en aquel país. Un tanto semejante ha ocurrido en la campaña de Obama, que incluía en su programa la reducción del déficit. Una vez elegido, ha propuesto un programa de gran expansión del gasto público que aumentará el déficit del estado, alcanzando cifras por encima del 7%.

Argumentos que se han utilizado en contra de la expansión del déficit

 Uno de los argumentos más utilizados en contra de la expansión del déficit (que Rajoy también ha utilizado) es que el Estado debiera hacer lo que las familias hacen: equilibrar sus cuentas. Según tal supuesto, “Las familias no gastan más de lo que ganan”. El problema con esta observación es que ignora que la mayoría de las familias gastan en cualquier momento determinado más de lo que ganan. Las economías familiares no podrían mantener su nivel de vida sin pedir dinero prestado. Esto es lo que se llama endeudamiento, basado a su vez en la existencia de crédito. Las familias piden préstamos para poder pagar (no ahora, sino más tarde) la casa, los estudios de sus hijos, los medios de transporte (coche y otros) que necesitan, y un largo etcétera. La gente no acumula y ahorra dinero hasta que tiene el suficiente para pagar el precio total de la vivienda que quieren comprar. Las familias piden la hipoteca y la pagan poco a poco en varios años. Pues lo mismo hace el Estado. El Estado, como las familias, debe pedir prestado (se llama la deuda pública), para poder asegurarse un mejor presente y futuro para la ciudadanía. Debe construir escuelas, servicios públicos, carreteras, y un largo etcétera. No permitir al Estado, sea éste Central, Autonómico o Municipal, que se endeude o permitirle un porcentaje muy bajo de su PIB (como ocurre en España), es un enorme error. Parte de las enormes insuficiencias en las infraestructuras y  estado del bienestar del Estado español, de las CC.AAs. y de los Municipios, se basan en estas políticas de tener bajos déficits, exigiendo excesiva austeridad a las CC.AAs. y a las autoridades locales.

Otro argumento que se utiliza en contra de la expansión del déficit es que dejamos a nuestros hijos una enorme deuda que tendrán que pagar ellos. Aparecen así artículos que hablan de la falta de solidaridad con las generaciones futuras, cargándoles con una deuda que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos. Este argumento ignora que en la mayoría de los países europeos, incluyendo España, los déficits del estado que han determinado la existencia de la deuda pública, han sido necesarios para pagar las inversiones públicas y el estado del bienestar, gastando en escuelas, obras y servicios públicos y otros gastos que son inversiones para el futuro. Un tanto distinto es en EE.UU. donde gran parte de la deuda pública se debe a los gastos militares utilizados para financiar la enorme cantidad de guerras que son una constante en la historia de aquel país. Este no ha sido el caso en la Unión Europea. De ahí que la discusión del déficit oculta otra discusión que es incluso más importante, y que tiene que ver con la naturaleza del gasto y de la deuda pública. Cuando se analiza la deuda pública (que es el dinero que el Estado tiene que pagar por haber pedido prestado dinero para cubrir el déficit), hay que analizar de dónde viene. En una familia no es lo mismo endeudarse para pagar la educación de los niños y otros gastos relacionados con su formación, que endeudarse para irse a un viaje de placer al Caribe. Pues igual con los estados. Pueden haberse gastado en gastos superfluos (muchos de los gastos militares lo son) o en gastos necesarios que mejoran el presente y el futuro del país. Y es ahí donde debiera haber un debate que no está ocurriendo en España sobre lo que es inversión o lo que es mero gasto corriente. En círculos económicos y financieros se admite que construir AVES a lo largo del territorio español es una inversión. Y construir escuelas e invertir en educación es también una inversión. Y ayudar a las empresas a que se modernicen es también una inversión.

Pero no se tiene la misma receptividad para ver a los servicios del estado del bienestar como una inversión. Y sin embargo, invertir en escuelas de infancia, servicios de dependencia, servicios sanitarios, servicios de prevención de la exclusión y de la pobreza es tan o más importante para mejorar la economía de un país, que las inversiones en infraestructuras. En EE.UU., por ejemplo, se ha calculado que cada mujer que entra en el mercado de trabajo crea nuevos puestos de trabajo, puesto que alguien, en el mercado de trabajo, tiene que cocinar, limpiar la ropa, cuidar de la familia, y una larga lista de funciones que ahora hace el ama de casa. También tenemos evidencia de que el soporte a las familias (escuelas de infancia y servicios de dependencia) libera a los miembros de las familias, y muy en especial a las mujeres, incrementando su participación en el mercado de trabajo y su productividad. La seguridad y protección social es una enorme inversión. De ahí que sería importante y urgente que la muy positiva aceptación por parte del equipo económico del gobierno socialista de aumentar el gasto público (a costa de aumentar el déficit público) se tradujera también en un cambio de orientación, considerando el gasto social –no solo en educación- como una inversión y no sólo como un gasto.

Una última observación. Se está proponiendo incluso en amplios sectores socialistas (y no digamos en círculos conservadores), la idea de que no es ahora el tiempo para resolver (a través de la reforma de la financiación autonómica) el gran déficit de gasto público social que existe en las CC.AAs. Esta postura parece ignorar que es precisamente ahora cuando es más urgente que nunca, que se resuelva esta situación de una manera equitativa y suficiente para las CC.AAs., puesto que  éstas son ahora responsables por la gestión de los diecisiete estados del bienestar autonómicos. Existe en España un déficit de gasto público social de 58.000 millones de euros (véase Navarro, V. (edic.) La situación social en España. Volumen III. 2008) que está dificultando enormemente el desarrollo social de España (España continúa estando a la cola de la UE-15 en gasto público social per cápita). Es precisamente en este momento de crisis y urgencia, cuando se requiere incrementar sustancialmente el gasto público (incluyendo el gasto público social), no sólo en conseguir una mayor cobertura del desempleo (una función muy importante), sino también en cubrir los enormes déficits de empleo en los servicios públicos del estado del bienestar. El escaso desarrollo de la excelente Ley de Dependencia, consecuencia de su subfinanciacion, es un claro ejemplo de ello. Estos gastos debieran realizarse a base de incrementar el déficit, aumentar los impuestos de los súper ricos (España está entre los diez países del mundo con más millonarios), y corregir el fraude fiscal (que alcanza la cifra de 85.000 millones de euros). Paralizar todas estas intervenciones esperando que se resuelva la crisis es la manera errónea de perpetuarla.

Crisis Económica

El problema no es sólo de crédito sino también de endeudamiento.

 En contra de lo que se está escribiendo en la mayoría de páginas económicas de la prensa diaria, el mayor problema hoy no es la falta de liquidez en los bancos. El que los bancos no presten dinero no se debe a que no tengan dinero. Tienen, y mucho. Lo que pasa es que no se fían. Tienen miedo de que si lo prestan no lo vean de nuevo pues tienen fuertes dudas de que el que pide el préstamo les devuelva el dinero. Y les preocupa también que si prestan tal dinero terminen perdiendo en lugar de ganar dinero, pues el valor del aval de los que piden préstamos (tales como las viviendas) bajará mucho más de lo que vale ahora con lo que están muy reacios a prestar dinero. En todos los países el número de familias que se declaran en bancarrota está subiendo rápidamente. Y también sube el número de familias que no pueden pagar tales préstamos. La mayoría de la población está profundamente endeudada y los bancos son plenamente conscientes de ello. Los bancos no prestan dinero, en general, a personas o instituciones que están ya superendeudadas. Y para complicar las cosas y hacerlas incluso más difíciles, el sistema financiero está fuertemente contaminado por los productos como derivativos de alto riesgo, promocionados por los famosos hedge funds. La situación es semejante a la de una persona sedienta que tiene enfrente de sí cinco botellas de agua. Sabe, sin embargo, que una de ellas contiene arsénico pero no sabe cuál. Está supersediento pero no puede beber. El problema no es que no tenga agua para beber. El problema es que no sabe qué botella está contaminada. Y así estamos. Hay dinero de sobras pero los bancos no se fían. Y de ahí que pidan ayuda a los Estados para atenuar el riesgo. La única manera de resolver este problema es que los Estados intervengan para averiguar qué está pasando y obtener información (sobre los contaminantes) de la que incluso carecen los propios bancos.

 Pero el hecho de que la gente esté superendeudada tiene otro problema. No compran. Y la economía que llaman real padece, y las empresas corren al Estado a pedir ayuda también. Se habla ahora de las ayudas a las empresas automovilísticas y otras empresas. En EE.UU. la compra de coches ha disminuido un 40%. Como resultado, las acciones de General Motors bajaron esta última semana a valer sólo 3 dólares, haciendo exclamar al banco alemán Deutsche Bank que la novena compañía más importante del mundo (emplea 2.5 millones de personas) estaba al borde del colapso. En España. Las ventas de automóviles han caído un 25%, habiendo perdido 16.000 puestos de trabajo de los 72.000 que la industria automovilística emplea. Y dentro de poco veremos los gobiernos prestando más y más dinero a empresas de otros sectores que también estarán en peligro de quiebra. En todas ellas, la causa común es que la gente no compra. Y la razón es porque está superendeudada. Está con deudas hasta el cuello. Y la causa de ello es el mayor secreto guardado en los medios. La enorme redistribución de la renta que ha ocurrido en el mundo (entre países y dentro de cada país) en los últimos treinta años, como consecuencia de las políticas públicas neoliberales que han beneficiado enormemente las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo.

La polarización de rentas como una causa del problema de la escasa demanda.

 En la mayoría de los países de la OECD, comenzando por EE.UU., el porcentaje de las rentas derivadas del capital (sobre la renta total nacional) ha aumentado enormemente (rompiendo records sin precedentes históricos, como resultado de los  exuberantes beneficios principalmente del capital financiero, la manera técnica de referirse a la banca) y ello a costa de las rentas del trabajo que están en unos porcentajes bajos, también sin precedentes.                                                                                                                                                         Y ahí está el problema. La gente, la mayoría de la cual adquiere su renta del trabajo, está perdiendo capacidad adquisitiva y ha estado pidiendo préstamos para poder mantenerse a flote. Están superendeudadas y más de la mitad de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes.

 La solución pasa por dar dinero a la población para que aumente tal capacidad adquisitiva. Y las propuestas de reducir impuestos (la solución preferida por las derechas), es dramáticamente insuficiente. Y en España tenemos ejemplos de ello. El impacto estimulante de esta vía ha sido relativamente escaso. La otra vía es la de aumentar el gasto público y que éste se utilice para crear empleo a través de inversiones en infraestructuras y en servicios. Esto es lo que ha hecho la China que va a invertir 586.000 millones de dólares en inversiones, transferencias y servicios como medida de estimular su economía, uno de los motores de la economía mundial. Y hace unos días el próximo Presidente de EE.UU., el Sr. Obama, instruyó a su nuevo equipo económico a que prepare un plan de choque incluso mayor, de 700.000 millones de dólares, en transferencias, obras públicas y servicios. El objetivo de tales expansiones del gasto público es crear empleo y aumentar la demanda, sobre todo de las clases populares para estimular el crecimiento económico. Tales países han aprendido que la Gran Depresión de principios del siglo XX se resolvió mediante el gasto público que significó la II Guerra Mundial. El gasto de sostener tal guerra fue lo que sacó al mundo de la depresión. Es un indicador de salud mental el que varios países están alcanzando aquel nivel de gasto público sin necesidad de tener una nueva guerra mundial.

Lo que debiera ocurrir en España.

 La respuesta en España ha sido lenta e insuficiente. Y el problema mayor es que el terreno económico lo ha definido durante muchos años la derecha española, una derecha dura que incluso ahora está pidiendo que se reduzca el gasto público, algo que prácticamente ninguna derecha europea o estadounidense está pidiendo. Merkel y Sarkozy (e incluso Bush) están ahora pidiendo un aumento del gasto público. Vimos ya durante las últimas elecciones que el PP pidió una disminución del gasto público, frente a la cual, el PSOE propuso mantenerlo cuando debiera haber propuesto aumentarlo. Treinta años después de que se estableciera la democracia, España continúa siendo uno de los países con un gasto público más bajo y un estado del bienestar menos desarrollado. El PSOE tenía que haberse comprometido a alcanzar en dos legislaturas el nivel de gasto público por habitante del promedio de la UE-15. No lo hizo así. Se comprometió a mantener el que teníamos. Y ahora, cuando se enfrenta a una de las crisis mayores que España se ha enfrentado, el Sr. Solbes es reacio a subir el déficit del estado a una cifra mayor que un 2% del PIB. Menos mal que el Sr. Zapatero ha apuntado que igual es un 4%. En realidad, si España hiciera lo que ha estado haciendo EE.UU. y lo que hará la Administración Obama, el déficit total sería un 7%. Pero además de la insuficiencia en el déficit considerado, existe otro problema con las propuestas del gobierno, y es limitar la inversión pública a obras públicas e investigación y desarrollo. Existe un enorme déficit social de España, que debiera corregirse, creándose, a través de ello, empleo en los servicios públicos como escuelas de infancia, servicios de dependencia, servicios sanitarios, servicios sociales, y muchos otros. La excelente Ley de Dependencia está paralizada por falta de fondos y las CC.AAs. están lamentándose, con razón, de que les faltan fondos para gestionar sus estados del bienestar. Durante años las CC.AAs. han estado batallando sobre la distribución de la tarta nacional, olvidándose que el problema mayor es que la tarta es muy pequeña. Y ahí está el problema. Se necesita una tarta mucho más grande que debe financiarse primordialmente por el estado central, bien a través de la corrección del fraude fiscal (que es 85.000 millones de euros, el mismo tamaño que el déficit social de España) y a través del crecimiento del déficit del Estado, alcanzando una cifra mucho mayor que la que se está considerando. Moderación, en este momento, no es una virtud.